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Los obispos disponen, el Estado paga, el Constitucional sentencia. (Articulo de opinión)

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Fecha: 
26 Febrero 2007

Alternativa Laica critica que la sentencia del tribunal Constitucional niegue el amparo de derechos fundamentales basándose en razones ajenas a la actividad laboral y sustente las tesis de la conferencia episcopal por tratarse de una mujer divorciada.

Hace unos días se hizo pública una sentencia del Tribunal Constitucional que pone de manifiesto, una vez más, el anacronismo de los acuerdos entre el Estado Español y la Iglesia Católica. Esta sentencia referida al estatus de los profesores de religión en la escuela pública avala mediante su doctrina el despido de estos docentes por razones extralaborales y en función de su vida privada, llegando a afirmar textualmente que los mismos debieran destacar "por el testimonio de vida cristiana”.

El recurso que trataba sobre una mujer separada que vivía con un hombre que no era su marido, motivó la decisión del obispado de Canarias que hizo que la despidieran al negarle la "idoneidad” para efectuar su trabajo tras diez años de impartir clases de religión.

El problema suscitado por el hecho de admitir en la sentencia que, en la escuela pública, la enseñanza de la religión católica esté marcada, en lo que a la relación laboral de sus profesores se refiere, por exigencias que van más allá de la ley supone en la práctica admitir que las prerrogativas de los obispos están por encima de las garantías jurídicas y más en concreto escapan del ordenamiento laboral propio del derecho del trabajo, situando a la Iglesia en una zona de privilegio por encima de las leyes de aplicación al conjunto de ciudadanos.

El Estado, lamentablemente, ha asumido la religión como materia a enseñar y la ha incluido dentro de los itinerarios educativos. Desde ese momento, la Administración Educativa debería hacerse responsable de que estas enseñanzas se ajusten a la legalidad definida por la Constitución. Los acuerdos con la Iglesia suponen en la práctica una dejación de la responsabilidad del Estado permitiendo que los contenidos sean doctrinarios y no educativos, que la elección del profesorado no se ajuste a las normas generales y asumiendo, eso sí su financiación.

Respecto al profesorado de religión el Estado permite que la elección se haga en base a criterios de confianza de los obispos. Esto no sería ningún problema si dicha elección se realizara para desempeñar un puesto de confianza de la Iglesia dentro de su estructura y financiada por ella misma. Pero, la contradicción deviene de una situación en la que los obispos, deciden, el Estado contrata y paga (una nómina de 17000 profesores con un importe en torno a los 517 millones de euros anuales) y, además, asume las consecuencias de los incumplimientos de la jerarquía católica en materia laboral pagando los despidos que, por ser improcedentes o nulos, han supuesto al estado unos 300 millones de euros en indemnizaciones.

La conclusión de esta situación es clara: si los profesores de religión dependieran de la Iglesia Católica y la enseñanza confesional se impartiera fuera de la escuela pública no se plantearía ninguno de estos problemas.

La situación tras esta sentencia vuelve a poner de manifiesto las contradicciones que la enseñanza de la religión en la escuela pública produce en un estado definido como aconfesional por nuestra Constitución pero en el que la pervivencia de acuerdos con la Iglesia Católica en clara contradicción con la Carta Magna sigue vulnerando el principio de laicidad y vuelve a recordar la imperiosa necesidad de separación de la Iglesia y el Estado para no caer en confusionismos mas propios de otra época donde los poderes del estado delegaban y asumían la moral católica dominante como eje de sus actuaciones.

Alternativa Laica.