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Ley del aborto: entrada en vigor

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Fecha: 
9 Julio 2010

Alternativa Laica saluda la entrada en vigor de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Critica el recurso del Partido Popular al T. Constitucional, denuncia que la objeción de conciencia colectiva promovida por el Colegio de Médicos se asemeja a un boicot encubierto, y exige al Gobierno Regional que el SESCAM garantice el aborto en la sanidad pública.

Alternativa Laica saluda la entrada en vigor de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Consideramos que esta ley amplía los derechos de las mujeres en cuanto a educación sexual, formación, prevención de embarazos no deseados y libre decisión sobre su maternidad. Contribuye a modificar la ambigua situación en que se encontraban las mujeres que querían abortar; a partir de ahora, podrán decidir sobre su maternidad y la interrupción de su embarazo con garantías jurídicas plenas y desde la consideración de sujetos con derechos, que no requieren de la tutela de instituciones o de supuestos expertos y que no tienen que estar sometidas a los dictados morales de nadie, excepto los propios de cada una.

Con la entrada en vigor el pasado 5 de Julio de la Ley, se ha puesto de nuevo de manifiesto la retrograda posición del Partido Popular utilizando una vez más el recurso al Tribunal Constitucional para intentar impedir su aplicación. 

La utilización del T.C. como tercera cámara tratando de ganar en el mismo lo que pierde en el Parlamento por carecer de mayoría suficiente, no deja de ser un mecanismo escasamente democrático, en un intento por imponer aquellas razones de fondo que mejor se alinean y coinciden con las posiciones defendidas por la Conferencia Episcopal Española y los sectores más ultras de los movimientos antiabortistas, a los que de manera sistemática rinden tributo.

A esto se une el coro de presidentes de  comunidades autónomas donde gobiernan ( encabezados por el presidente de Murcia) afirmando que no piensan aplicar la ley en sus territorios, lo que constituye todo un desafío sin precedentes en un sistema democrático.

Y esto frente a una ley  con notable apoyo social que establece garantías jurídicas y seguridad para los profesionales y despenaliza el aborto dentro de los plazos establecidos en la misma, devolviendo a las mujeres su capacidad de decidir a la vez que instaura su ejercicio dentro del catálogo de prestaciones del sistema sanitario público.

Más sorprendentes resultan aún las posiciones expresadas por el presidente de la organización médica colegial de Toledo que en un ejercicio de extralimitación clarísima en sus funciones colegiales defiende, a la vez que anuncia, una especie de objeción de conciencia colectiva de los profesionales del sector dando por sentado que ningún médico va a practicar una interrupción del embarazo en esta comunidad autónoma.

Dicho posicionamiento  se parece mucho a una suerte de boicot encubierto y animado  por los dirigentes de dicha organización que tal vez confunden  sus posiciones ideológicas, con un derecho como el de la objeción de conciencia que debe ejercerse siempre de forma individual y motivada y no puede chocar  con la obligación de cumplir la ley a la que como  funcionarios  están obligados,  al menos aquellos que trabajen en la sanidad pública.

Desde Alternativa Laica, consideramos adecuado que el Gobierno Regional haya regulado el procedimiento de objeción de conciencia como salvaguarda del ejercicio de este derecho por los profesionales de la sanidad en los términos recogidos  en la Ley, que establece que la objeción de conciencia para intervenir en las interrupciones voluntarias de embarazos debe ser individual, anticipada y por escrito. No obstante el ejercicio de este derecho nunca podrá ser una excusa para que el servicio público de salud no cumpla con el espíritu y la letra de la ley en su totalidad. El Gobierno Regional tendrá que velar por que se haga efectivo el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción de su embarazo, buscando el equilibrio entre el derecho de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y la obligación del Sescam de hacer efectivo el derecho de las mujeres en la sanidad pública de Castilla La Mancha.

Por ello, el servicio público de salud deberá garantizar la dotación suficiente en los centros sanitarios de la comunidad de profesionales que hayan de intervenir en la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres que así lo soliciten y no puede limitarse a derivarlas a centros privados acreditados, ya que esta externalización se recoge en la Ley como una excepción y no como forma general de actuación. La Consejería de Salud deberá extremar su celo en la aplicación y desarrollo de la ley. Una eventual dejación de funciones sólo para evitar determinadas confrontaciones con algunos estamentos corporativos o religiosos de la región no se entendería: los derechos de los ciudadanos, en este caso, de las mujeres, y el cumplimiento de las leyes aprobadas en el Parlamento tienen que estar por encima de presiones o injerencias.