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Ley del Aborto

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Fecha: 
12 Octubre 2009

Alternativa Laica considera que la campaña de la Iglesia, apoyada por el Partido Popular, contra la reforma de la Ley del Aborto, una de cuyas expresiones es la convocatoria de una manifestación en Madrid el próximo sábado, es extremista y demagógica.

Queremos denunciar este intento de invalidar derechos de las mujeres tratando de imponer una moral única a toda la sociedad.

La iglesia hace campaña contra la Ley del Aborto desde que se iniciara el procedimiento de reforma. Se han empleado a fondo: han diseñado campañas demagógicas de propaganda identificando un derecho de las mujeres con la protección de un animal, utilizaron las procesiones de semana santa para hacer política y ahora convocan manifestaciones para hacer oír su voz, que ellos consideran más importante que la de todos los demás, clamando contra la “matanza de hijos”. A esta manifestación se ha unido el Partido Popular, que la apoya, aunque su líder haya manifestado que no va a acudir. Ante esta situación, no podemos permanecer callados.

Alternativa Laica defenderá siempre el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente y a expresar sus opiniones, creencias y convicciones. Respetaremos el derecho de todas las iglesias a predicarles a sus fieles las convicciones que deben tener y defenderemos los derechos de estos fieles a actuar según sus creencias, dentro del estado de derecho del que nos hemos dotado. Pero también nosotros tenemos una opinión que manifestar a la sociedad.

El debate en España no está situado en este momento en torno al aborto en sí, cuya regulación en el año 1985 lo despenalizó en determinados supuestos, sino en el establecimiento de un marco legal que garantice el derecho a decidir de las mujeres en unos plazos determinados y en sacar esta regulación del código penal, de forma que ninguna mujer pueda ir a la cárcel por interrumpir un embarazo no deseado o con graves riesgos para su salud o la del feto.

Se trata de regular un derecho para aquellas mujeres que decidan acogerse a él y que este se pueda practicar con garantías jurídicas, tanto para ellas como para los profesionales sanitarios. Es un derecho y, por tanto, a nadie se va a obligar a realizar una acción con la que no esté de acuerdo.

No se puede pretender, como intenta la Iglesia, invalidar para toda la sociedad determinados derechos, tratando de imponer una moral única, mediante la permanente injerencia en la vida política y pretendiendo deslegitimar desde un pretendido magisterio moral a los legisladores y auténticos representantes democráticos de los ciudadanos.

Hay que volver a decir que el avance de los derechos civiles y el respeto a las creencias individuales se ha abierto paso históricamente aún a pesar de una Iglesia que continúa anclada en las posiciones más retrógradas. La Iglesia transita, como siempre, ajena a la evolución de la sociedad y de sus nuevas realidades confundiendo interesadamente sexualidad, maternidad, o derechos en un deshonesto ejercicio de cinismo.

A este debate se suma el Partido Popular, que ejerce, una vez más, de acólito de una Conferencia Episcopal alejada de la realidad de los ciudadanos españoles con la única intencionalidad de desgastar al Gobierno de la Nación, mientras que, con su habitual doble moral, se mantuvo ajeno a promover cualquier cambio legislativo en esta materia en su etapa de ocho años de gobierno, cuando la jerarquía que hoy clama con campañas apocalípticas, manifestación incluida, miraba para otro lado.

La paradoja final de esta situación es que esta millonaria y demagógica campaña se financiará mediante la generosa aportación de fondos públicos facilitados por el Estado a través, entre otras cosas, de la recaudación del 0,7 del Impuesto sobre la Renta, que acabamos pagando todos, los cepillos de las iglesias que no tributan, los negocios de las parroquias y diócesis, las subvenciones, aportaciones varias, etc.

Alternativa Laica apoya las líneas generales de la propuesta de nueva legislación que ha promovido el Gobierno, defiende la legitimidad única del Parlamento para legislar en esta materia y denuncia la deriva en la injerencia en los asuntos del Estado por parte de la jerarquía católica, de su Conferencia Episcopal, que se ha convertido en una práctica cotidiana y que, una vez más, irrumpe en el debate político generando tensión, con argumentos falaces y viejos dilemas ya superados por la sociedad actual que sólo demuestran sus posiciones hipócritas e integristas en un tema de alta sensibilidad social y que es, sin duda, vital para consolidar los derechos de las mujeres y su avance hacia la igualdad real en la sociedad.