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Ley de educación

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Fecha: 
12 Noviembre 2009

Alternativa Laica se reunió con el Viceconsejero de Educación, Pedro Pablo Novillo, para trasladarle nuestras aportaciones a la futura Ley de Educación de Castilla La Mancha.

Alternativa Laica considera que es imprescindible que en el texto articulado de la norma se recoja expresamente como uno de los principios de la ley que la enseñanza pública, de conformidad con la aconfesionalidad del Estado, es laica.

El Gobierno Regional pretende durante este curso impulsar la Ley de Educación de Castilla La Mancha. Corresponde a la sociedad hacer aportaciones a esta propuesta. En este sentido, desde Alternativa Laica queremos presentar unas reflexiones para que se tengan en cuenta a la hora de elaborar el texto articulado que se presentará en las Cortes para su debate y aprobación.

El Documento de Bases para una Ley de Educación de Castilla La Mancha y el borrador de texto articulado de la ley recogen entre los principios que deben inspirar la educación en esta Comunidad Autónoma tres que requieren especialmente nuestra atención: “la igualdad de oportunidades y el desarrollo personal a través de la educación con independencia de variables personales, familiares, sociales, económicas, geográficas, étnicas o culturales”; “la educación en valores que ayude al alumnado a construir un juicio crítico y autónomo que le permita la plena participación democrática en una sociedad multicultural y diversa y la formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad”; y “la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos y prácticas del sistema educativo”.

La realidad de los centros educativos, sin embargo, contrasta con una definición de principios que, si bien compartimos, está aún lejos de tener un desarrollo acorde con los mismos.

La interculturalidad se traduce en numerosas ocasiones en homogeneización de la cultura, la sumisión de todas las culturas bajo el paraguas de la cultura dominante y la preparación de unas actividades multiculturales que recojan puntos de coincidencia.

Por otra parte y, so pretexto de la tradición y de lo que se entiende por “nuestra cultura”, se producen situaciones y se realizan actividades que no son más que la imposición a todos de unas creencias ideológicas y religiosas supuestamente pertenecientes a la cultura nacional o local. En este sentido, no es difícil encontrar multitud de ejemplos en las actividades extraescolares, las fiestas de final de trimestre, las simbologías colgadas en las paredes de las aulas o en las salas de profesores, las celebraciones patronales y tantas otras cosas.

El respeto a las culturas se interpreta en la gran mayoría de ocasiones como la organización de acciones o actividades que no molesten a la cultura dominante y la integración se entiende como la asimilación de la cultura a la que llegan los chicos y chicas desde otras partes del mundo sin darle a la diferencia el valor enriquecedor que en realidad tiene.

Los nombres de los centros educativos, las excursiones u otras actividades que se organizan, la ornamentación con motivos religiosos son elementos de imposición de unas creencias religiosas sobre todas las demás y, fundamentalmente, sobre las creencias y valores no religiosos.

La situación de la enseñanza de la religión en los centros educativos formando parte del currículo y, por tanto, en horario lectivo, es un elemento fundamental de la discriminación de un alumnado sobre otro y un claro ejemplo de distorsión en la escuela y del desarrollo educativo. La enseñanza de la religión condiciona los horarios de los grupos de alumnos, se utiliza como mecanismo de proselitismo, no está bajo el control efectivo de las administraciones educativas, sino de las eclesiásticas, y supone, en la práctica una discriminación sobre los chicos y chicas que no dan religión: a estos se les llama “los que no dan…”, de hecho, se les saca de sus clases para que los que si dan religión estén cómodos, y se les asigna un profesor para no hacer nada, ni el profesor ni los alumnos. Estos, o sus padres, o sus profesores, que no comparten las creencias religiosas supuestamente dominantes son considerados intolerantes o raros. Y todo ello por la aplicación de normas y acuerdos del Estado Español con el Vaticano que imponen, a través de las leyes educativas, que se favorezca el adoctrinamiento religioso dentro de la escuela pública,

En algunas ocasiones, la enseñanza confesional de algunas religiones con acuerdos con el Estado supone la difusión de principios, creencias y conductas de discriminación manifiesta de las mujeres, en clara contradicción con los principios rectores de la ley, sin que se pueda (aparentemente) evitar, pues la administración educativa deja en manos de los llamados profesores de religión los contenidos a impartir en sus clases, ya que estos no forman parte de las materias definidas en los decretos de currículo.

Por otra parte, la Administración Educativa elude, en muchos casos, la responsabilidad que debe tener sobre la convivencia en los centros. Delega en los Consejos Escolares y en los Equipos Directivos la función de arbitrar los mecanismos necesarios para eliminar las prácticas discriminatorias tradicionales, permitiendo y fomentando que los conflictos basados en ideologías y creencias religiosas se diriman entre los miembros de la comunidad educativa, en lugar de tomar la iniciativa para la eliminación de las condiciones que puedan generar conflicto y en lugar de defender la aconfesionalidad del Estado y, por tanto, de sus Instituciones, como el valor constitucional que es y debe ser.

Debemos ser conscientes de que pueden existir alumnos con distintas creencias religiosas o no religiosas, sobre las cuales ni ellos ni sus padres tienen obligación de declarar, en consonancia con el derecho fundamental a la libertad religiosa que consagra la Constitución. De la misma forma, tendremos en consideración que pueden existir profesores y personal de administración y servicios con distintas creencias religiosas o con ninguna, sobre las que no tienen obligación de declarar. Ni tienen que hacer publicas sus creencias religiosas o la ausencia de ellas, ni tienen que justificar qué credo profesar o no. Por tanto, los centros públicos de enseñanza deben favorecer la convivencia basada en la no existencia de simbologías, costumbres o actividades por las cuales los alumnos o sus padres, los profesores y el personal que trabaje en los centros educativos puedan sentirse agraviados o que puedan interpretarse como discriminatorios de unas creencias o privilegiadores de otras.

Los poderes públicos, deben ser, por tanto, los garantes de la neutralidad debida en materia de libertad religiosa. La administración educativa debe favorecer todas aquellas actuaciones tendentes a la tolerancia entre los miembros de la comunidad escolar evitando situaciones de discriminación por razón de creencias religiosas o ideológicas.

El deber de colaboración con las confesiones religiosas en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico y el respeto al derecho que asiste a los padres para elegir una enseñanza religiosa, en tanto, ésta esté recogida en las leyes de carácter básico, no puede utilizarse como argumento para defender actividades, programaciones, nomenclaturas, o simbologías de carácter religioso so pretexto de tradiciones o costumbres.

Los poderes públicos son los garantes de la igualdad de oportunidades como principio democrático. En este sentido, deben tener en consideración que, en muchas ocasiones, se apela a las tradiciones, costumbres o creencias mayoritarias o supuestamente mayoritarias para defender actuaciones que discriminan a unos individuos de otros o que privilegian los elementos supuestamente mayoritarios. En un país democrático, como es éste en el que tenemos la suerte de vivir, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y éstos no se definen por el mayor o menor número de personas o entidades que compartan unas creencias o costumbres. Al contrario, los sistemas democráticos son los que garantizan que las minorías accedan a los derechos en igualdad de condiciones que las mayorías y que no tengan que estar supeditadas a los dictados de quienes creen que el número es el que hace posible un derecho o una obligación.

En distintos países de nuestro entorno y en algunas regiones de nuestro país, ya se han dado pasos para que no exista discriminación por razón de creencias religiosas o ausencia de ellas. Los textos legislativos de otras Comunidades Autónomas, como Andalucía y Cataluña, recogen expresamente que la enseñanza pública es laica. Esto no contradice el ordenamiento jurídico español; al contrario, es una manifestación de la neutralidad del Estado en materia religiosa en tanto que favorece la libertad de creencia de los individuos sin actuar como privilegiador de unas creencias sobre otras. La enseñanza laica es enseñanza para todos, independientemente de las creencias religiosas o no que se profesen, al contrario que la enseñanza confesional, que sólo lo es para los que sigan una determinada doctrina.

Alternativa Laica considera que es imprescindible que la ley de Educación de Castilla La Mancha recoja expresamente como uno de los principios de la ley que la enseñanza pública, de conformidad con la aconfesionalidad del Estado, debe ser laica.

Asimismo, consideramos que las autoridades educativas de la región deben articular las medidas necesarias para que las enseñanzas confesionales recogidas por la LOE no supongan, de facto, una discriminación de los alumnos que no las cursan, que no condicionen la elaboración de los horarios escolares y que los gastos derivados de la elección de estas enseñanzas doctrinales por parte de los padres los sufraguen ellos mismos en coherencia con la elección libre y responsable que han realizado.

La enseñanza debe basarse en los conocimientos científicos y no en las creencias, a lo que habría que añadir que estas, en todas las religiones, suponen la discriminación de las mujeres, situación que se contrapone al principio de promoción de la igualdad efectiva de hombres y mujeres y se basan en principios acientíficos, cuando no anticientíficos, que se contraponen a los conocimientos que en esta sociedad debemos promover.

Así, pues, Alternativa Laica propone a la Administración Educativa, impulsora de la futura Ley de Educación de Castilla La Mancha, la inclusión de los siguientes elementos en el texto articulado de la Ley:

  1. La escuela pública debe ser universal, no confesional y financiada íntegramente por el Estado y deberá respetar y promover el pluralismo ideológico y la libertad de conciencia, cuya defensa debe ser uno de sus objetivos fundamentales. Por ello, en el texto normativo, es imprescindible recoger como uno de los principios del sistema educativo o como eje del modelo educativo que la enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, es laica.
  2. Los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres a elegir la formación moral de sus hijos. Las autoridades educativas articularán las medidas necesarias para que las enseñanzas confesionales recogidas por la Ley Orgánica de Educación no supongan de facto una discriminación de los alumnos que no las cursan, que no condicionen la elaboración de los horarios escolares y que los gastos derivados de la elección de estas enseñanzas doctrinales por parte de los padres los sufraguen ellos mismos en coherencia con la elección libre y responsable que han realizado.
  3. La Consejería de Educación tomará la iniciativa en las actuaciones encaminadas a eliminar la simbología religiosa de los centros docentes públicos como principio de respeto a todas las creencias y a fomentar la desaparición de las costumbres y actividades de raíz religiosa.

Por último, es necesario hacer la siguiente reflexión: La Constitución Española de 1978 supuso un cambio radical en las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas, configurándose un modelo de Estado que se concreta en la garantía y respeto del pleno y real ejercicio del derecho de toda persona a la libertad de conciencia, sin discriminación por razón de sus creencias o convicciones. La laicidad es, por tanto, inherente al Estado Social y Democrático de Derecho, por lo que instamos al Gobierno Regional a que, coherentemente con estos principios, exija al Ministerio de Educación el impulso de los cambios normativos necesarios para eliminar de la Ley Orgánica de Educación las enseñanzas confesionales y religiosas en el sistema educativo.

Toledo, noviembre 2009.