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Las cuentas de la iglesia

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Fecha: 
4 Julio 2007

La iglesia católica se financia en España por varias vías, siendo la principal y más directa la proveniente de la asignación tributaria, la famosa casilla de la X. La otra vía de financiación es de carácter indirecto mediante el otorgamiento de una serie de beneficios fiscales, conformando un auténtico paraíso fiscal en el que se desarrollan la mayoría de sus actividades. Esta situación es, a nuestro juicio, injustificable desde la perspectiva del principio de laicidad del Estado y rompe especialmente la neutralidad y no discriminación por motivos religiosos implícitos en nuestro ordenamiento constitucional.

Finaliza este mes la campaña de la renta del presente ejercicio, es pues oportuno realizar una aproximación a la realidad económica de las contribuciones del Estado a la Iglesia católica, toda vez que las continuas exigencias de la misma al Gobierno no consiguen acabar con su permanente voracidad económica a pesar de las cesiones en esta y en otras materias.

La Iglesia católica se financia en España por varias vías, siendo la principal y más directa la proveniente de la asignación tributaria, la famosa casilla del 0,5239%, complementada mediante un suplemento presupuestario previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que garantiza una cuantía mínima con independencia de lo efectivamente recaudado a través de las declaraciones a su favor en el IRPF. Los ingresos por este concepto en el ejercicio 2005 supusieron una cuantía de 141,4 millones de euros (23.538 millones de pesetas)

La otra vía de financiación es de carácter indirecto mediante el otorgamiento de una serie de beneficios fiscales, especialmente por la exención del IVA de las adquisiciones destinadas al culto católico, y de otros tributos locales como el IBI y el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (conocido como Plusvalía,) conformando un auténtico paraíso fiscal en el que se desarrollan la mayoría de sus actividades y cuyos cálculos estimativos algunos expertos de Hacienda sitúan en torno a 750 Mll.de euros.

Esta situación es a nuestro juicio injustificable desde la perspectiva del principio de laicidad del Estado y rompe especialmente la neutralidad y no discriminación por motivos religiosos implícitos en nuestro ordenamiento constitucional.

Lejos de corregir esta situación que en 1987 se pactó con carácter transitorio para tres años, y que ha durado 20, el actual Gobierno ha vuelto a acordar un sistema que eleva la asignación tributaria al 0,7% de la declaración de la renta de los contribuyentes (un 34% más) alejándose del compromiso aceptado por ambas partes en 1987 de que la iglesia llegara a la autofinanciación. La única supuesta contrapartida de este incremento porcentual será que las operaciones comerciales de la Iglesia tributarán el IVA, condición por otra parte exigida durante años por la Unión Europea, y que desaparecen las aportaciones suplementarias vía PGE. Los ingresos pasarán de 144 Mll.de euros a 175 el próximo año, (29.117 Mll. de pesetas).

Con este sistema, llamado impropiamente "impuesto religioso”, el católico no añade ni un euro de su bolsillo en el IRPF. Es en realidad Hacienda quien lo resta de los ingresos públicos totales a petición de un creyente que con ese mecanismo aporta al Estado el 99,3% de su cuota fiscal, no el 100% como el resto de los españoles. En otras palabras, el 0,7% de la cuota de los católicos, es un dinero que deja de ingresar el Estado, de tal forma que dos ciudadanos con el mismo sueldo no contribuyen por igual a las finanzas públicas con las que sostener los servicios o las infraestructuras del país. Se rompe con ello el principio de igualdad tributaria, ya que la contribución al sostenimiento de los servicios de interés general de quienes ponen la cruz a favor de la Iglesia católica es menor que la de quienes no la ponen.

Por tanto, no sólo no hay cambio de modelo, sino que la nueva fórmula reitera y acrecienta la incompatibilidad con los principios de separación y neutralidad del Estado. Se mantiene la financiación con fondos públicos, es decir, se entrega dinero público a la Iglesia para una actividad y unos objetivos confesionales, fundamentalmente para el sostenimiento del culto y el clero, convirtiendo al Estado en recaudador y a la Iglesia católica en receptora pasiva de lo recaudado sin esfuerzo alguno y sin abordar una vez más la auténtica raíz del problema: que la financiación de las confesiones religiosas debe canalizarse mediante la mentalización de los fieles para que estos realicen sus propias aportaciones.

Por otra parte los datos sobre los contribuyentes que marcan la casilla de la Iglesia católica han ido claramente en retroceso, lo que sin duda ha obligado a acrecentar las presiones sobre el ejecutivo para aumentar el porcentaje y mantener de forma "estable” el modelo. Se ha pasado de un porcentaje de un 45,58% de declarantes en el año 1988 que marcaban la casilla a favor de la Iglesia a tan solo un 22% en el 2005 en una clara y fehaciente expresión del fracaso de la fórmula que a su vez pone en cuestión aquellas afirmaciones de algunos sectores que de forma interesada sitúan a mas del 80% de los españoles como católicos declarados sin que esto tenga ningún correlato con su compromiso en el terreno de la contribución al sostenimiento de su iglesia y una muestra más que evidente de la tradicional tacañería del católico español.

A todo ello hay que añadir las aportaciones cuantiosísimas del Estado en el campo de la enseñanza o la asistencia social. Así por ejemplo el Estado paga el sueldo de los profesores de religión en centros públicos porque asume la enseñanza de la doctrina católica en las escuelas públicas, una nómina de unos 15.000 profesores (517 Mll. de euros) o el sistema de conciertos educativos (3.200 Mll. de euros) según estimaciones oficiales a través de 2376 centros concertados el 80% del total de privados subvencionados.

Además el Estado paga la nómina de los capellanes hospitalarios o castrenses, a lo que se une la multitud de ayudas de las diferentes administraciones para el mantenimiento y sostenimiento de su ingente patrimonio artístico e inmobiliario, por no hablar de las cesiones en muchas ocasiones gratuitas o a precios simbólicos de suelo público para la construcción de sus lugares de culto.

Las estimaciones por tanto de las aportaciones del Estado a las actividades de la Iglesia en España se sitúan en 5057 Mll. de euros (841.414 Mll. de pesetas). Una Iglesia que está exenta de numerosos impuestos, que juega en bolsa, que desarrolla variadas actividades económicas y que gestiona un ingente patrimonio inmobiliario.

Parece pues evidente que este estado de cosas choca frontalmente con la afirmación constitucional de que "ninguna religión tendrá carácter estatal”.

Y todo ello al servicio del mantenimiento de un enorme poder social y económico que pretende traducirse en influencia de su doctrina en la sociedad y en numerosas ocasiones en presiones intolerables y ataques furibundos al poder civil legítimamente emanado de la voluntad popular. Poder civil que parece actuar con una cierta ingenuidad cuando tras ceder en materia de financiación vuelve a encontrarse con campañas de la máxima dureza contra el Gobierno por parte de la jerarquía católica en el terreno de los derechos de ciudadanía, la educación o la política general, ejerciendo de auténtica infantería alineada claramente con la derecha en sus expresiones mas beligerantes.

Así pues al acabar la actual campaña de la renta y a la vista de los datos sería conveniente que el Estado saque sus conclusiones y mientras a los ciudadanos nos toca sacar las nuestras.