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Laicidad y constitución. (Articulo de opinión)

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Fecha: 
4 Diciembre 2006

La fecha del 6 de Diciembre día de la Constitución se presta al análisis de la misma y es sin duda una oportunidad para evaluar su cumplimiento y desarrollo.

Cabe por tanto 28 años después de su aprobación y a la luz de los hechos, analizar en este caso el desarrollo de uno de los principios esenciales de la misma como es la separación del Estado de las confesiones religiosas.

O dicho de otra forma el desarrollo del principio de aconfesionalidad del Estado y su evolución hacia el laicismo en aplicación del principio de igualdad entre creyentes y no creyentes.

En efecto la Constitución del 78 rompe definitivamente con la definición del Estado que instaura la dictadura de Franco donde éste es definido como confesional y oficialmente católico, para pasar a un Estado democrático caracterizado por la neutralidad de los poderes públicos frente a los distintos grupos religiosos o ideológicos.

Este cambio radical en la manera de entender las relaciones entre el Estado y las religiones debería evolucionar en la dirección de garantizar la plena libertad de conciencia sin discriminación por razón de creencias o convicciones.

Sin embargo a la luz de la realidad, asistimos hoy a un desarrollo constitucional en materia de separación del Estado de las religiones y por tanto de garantías de igualdad de trato entre creyentes y no creyentes ciertamente preocupante.

La pervivencia de una legislación con numerosas prerrogativas a determinadas confesiones o grupos sobre el ejercicio de la libertad religiosa y

el mantenimiento de privilegios muy especialmente en el terreno educativo y económico, hacen que aquel principio esté siendo vulnerado por el Estado de forma continuada en la actualidad.

En efecto, sigue siendo una realidad la enseñanza de la religión en la Escuela Pública tras la nueva cesión del actual Gobierno de J.Luis Rodríguez Zapatero en la LOE, o el nuevo régimen económico establecido en relación con la Iglesia Católica que lejos de ser temporal y transitorio como fue concebido, se ha convertido en indefinido por los sucesivos gobiernos.

Dicho régimen en la práctica ha venido operando como una asignación tributaria con garantía presupuestaria, habiéndose incrementado recientemente hasta un 0,7 del IRPF.

Hay que añadir a ello el tratamiento fiscal que incluye numerosas exenciones impositivas (IVA, Transmisiones, etc.), las aportaciones del Estado a los conciertos educativos, el mantenimiento del clero, los salarios de los profesores de religión, o las aportaciones al mantenimiento del riquísimo patrimonio de la Iglesia Católica. Cifras que estimaciones recientes de la Administración del Estado calculan en torno a los 5057 millones de euros.

Sin duda esta situación tiene un encaje sumamente difícil en la definición de un Estado laico o aconfesional, toda vez que la financiación de las confesiones religiosas no puede entenderse nunca como garantía del ejercicio de la libertad religiosa y supone en cambio una flagrante violación del principio de igualdad y no discriminación por motivos religiosos contenido en el artículo 14 de la CE, y por tanto una clara vulneración de la neutralidad de los poderes públicos en materia de creencias y de libertad de conciencia.

La situación por tanto en un contexto de consolidación política tras el profundo proceso de renovación del ordenamiento jurídico y su acomodación a una nueva configuración de España como Estado social y democrático de derecho, que supuso la CE del 78, requiere de una profunda reorientación que asegure los cambios legislativos adecuados y las decisiones en el terreno político y económico para garantizar la real separación del Estado de las confesiones religiosas y el fin de los privilegios, asegurando por tanto el principio de laicidad del Estado y la igualdad de trato efectivo entre ciudadanos creyentes y no creyentes.

Esta es sin duda una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro desarrollo constitucional y este 6 de Diciembre del 2006 es un momento adecuado para reivindicarlo en nombre de muchos ciudadanos que desde el mayor respeto a las creencias religiosas o convicciones de todos consideramos que aquellas deben quedar en el ámbito de lo privado y preservar lo público, lo común de cualquier imposición o privilegio y menos aún del Estado, que debe ser su garante.

Juan José González Rodríguez

Pedro José Martínez García

Miembros de asociación Alternativa Laica.