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Juramento del dogma de la Inmaculada por el Ayuntamiento de Toledo (II)

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Fecha: 
8 Diciembre 2007

El Juramento del Ayuntamiento de Toledo de defender el "dogma de la Inmaculada” escenifica la supeditación del poder civil a la Iglesia. (Artículo de Ángel Santos)


Escenificar la supeditación del poder civil al poder religioso

El Juramento del Ayuntamiento de Toledo de defender el "dogma de la Inmaculada” escenifica la supeditación del poder civil a la Iglesia.

El 15 de diciembre de 1617 el Ayuntamiento de Toledo realizó solemne juramento de defender la limpia e inmaculada concepción de María "por ahora y siempre”. La comitiva partió de la sala del concejo y se dirigió al monasterio de San Juan de los Reyes, donde tuvo lugar la ceremonia. Todo ello de acuerdo con el decreto que la ciudad había emitido el 6 del mismo mes y año.

Hubo misa que dijo fray Felipe de Ayala, provincial de la Orden Franciscana y a continuación procesión con la imagen de la Virgen por el claustro del monasterio. Al acto acudieron el corregidor Gregorio López Madera y todos los regidores y jurados del Ayuntamiento, así como un numeroso grupo de toledanos. Todos los componentes del Ayuntamiento juraron personalmente uno a uno y luego el escribano mayor, Ambrosio Mejía, en voz alta preguntó al pueblo presente si realizaba el mismo voto por sí y por los ausentes, los cuales contestaron a "grandes voces”que así lo votaban y prometían.

Hasta 1854 no fue declarado dogma de fe por la Iglesia la Pura Concepción de Maria y, con motivo del centenario, el 25 de octubre de 1954 en el Ayuntamiento toledano, presidido por el alcalde Ángel Moreno Díaz, aprovechando la celebración en la ciudad de la "Semana Mariana”, se propuso la renovación del voto que se hizo dos siglos y medio antes, lo cual se acordó por aclamación. El acto se realizó en el mismo sitio y siguiendo el mismo ceremonial que se había practicado en 1617. La única novedad es que ahora también juró la Diputación en nombre de toda la provincia, la cual lo hacía por primera vez.

Que estos hechos se produjeran en las dos épocas mencionadas no nos causa ninguna sorpresa ni extrañeza. En la primera de ellas la sociedad española, como la de todas las naciones de su entorno, estaba estrechamente vinculada a los asuntos de religión. Era un mundo donde no se distinguía entre el gobierno espiritual y el temporal, según Hobbes. El concilio de Trento trajo consigo el que las actividades eclesiásticas y religiosas produjeran una eclesiastización de la sociedad nunca vista hasta entonces, que comprendía tanto la fe religiosa como la moral y determinaba la actitud no sólo en la vida privada, sino también en la pública.

Si en las naciones donde predominó el protestantismo el pueblo estuvo influenciado por la religión oficial que observaba el soberano (máxima del "cuis regio eius religio”), donde imperó el catolicismo, como en España, fue la Iglesia católica la que determinó las creencias, y las manifestaciones de culto y mantuvo un poder casi omnímodo. En estas naciones (Italia, Portugal y España) que resistieron las actividades reformadoras, se produjo un intercambio entre los dos poderes principales de la sociedad: los príncipes absolutistas y el catolicismo reformado se favorecieron mutuamente, ambos salieron beneficiados y fortalecidos, lo que se tradujo en políticas de interacción entre ambas esferas.

El sentimiento revolucionario de lo sacro que Trento impuso a la religiosidad española se extendió a toda la vida de la sociedad a través de la fe y del culto y ha durado hasta el final del siglo XX. En cuanto al juramento de la defensa de la Purísima Concepción de María por parte del Ayuntamiento de Toledo tuvo enorme influencia el que la doctrina y praxis de la Reforma fueran rechazadas sin concesiones y se definieran claramente, por vez primera, los diferentes conceptos de la antigua doctrina católica: transubstanciación, sacramentos, libre albedrío, misa, culto a los santos... Además, con el fin de atraerse nuevamente al pueblo, Roma impulsó ese culto a los santos y toda clase de manifestaciones materiales que dieran firmeza a la fe católica, recurriendo a procesiones, fiestas y actos litúrgicos y protocolarios llenos de boato y esplendor, arrastrando con ella al poder temporal, que a su vez se veía bendecido y arropado por la Iglesia católica.

Al poco de proclamarse la segunda República, el 30 de noviembre de 1931, en la sesión correspondiente del Ayuntamiento, se trata el asunto de "las funciones que se celebran durante el mes de diciembre y que tiene que cumplimentar”. Tras un debate entre concejales de tendencias contrapuestas se decide, por mayoría de votos, que no se costeen lo servicios religiosos acostumbrados, pero sí la comida a los presos. Pero el 14 de octubre de 1936, a menos de un mes de la toma de Toledo por las tropas de Franco, la comisión gestora que preside el Ayuntamiento toledano acuerda "dejar en suspenso todos los acuerdos tomados por las corporaciones municipales desde el advenimiento de la República siempre que no lesionen los intereses municipales o de particulares afectos a la causa nacional”. Aunque no se explicita, se supone que incluye el de la no asistencia y costeamiento de las funciones religiosas a las que el Ayuntamiento venía contribuyendo de siglos atrás. En la sesión de 22 de noviembre de 1940 ya se toman los acuerdos de acudir tanto el día 8 a la festividad de la Inmaculada en la iglesia del convento de Santa Isabel y el día 18 a la de San Ildefonso, en honor de la Virgen de ,la Expectación. Mas la renovación de la promesa o juramento por parte del Ayuntamiento de defender la Purísima Concepción de María no se lleva a cabo hasta el año 1954. No debemos olvidar que nos hallamos en plena efervescencia del nacional-catolicismo. La Iglesia católica y el franquismo se habían ayuntado aunando sus fuerzas para protegerse y ayudarse mutuamente. Ambos salieron fortalecidos, pero ello tenía un precio por ambas partes que con mayor o menor contento debían pagar. El franquismo necesitaba a la Iglesia católica para mantener al pueblo adormecido y controlado y la Iglesia precisaba del poder férreo de la dictadura franquista para no ser molestada e inquietada. Ambos se complementaban para mantener al pueblo alejado de sus derechos individuales y colectivos. La libertad de conciencia no existía. Era preceptivo que las autoridades políticas acudiesen a todos los eventos, funciones y actos litúrgicos que la Iglesia conmemoraba, que manifestasen públicamente no sólo su fe individual, sino la institucional y por su parte la Iglesia estaba presente en los actos oficiales del gobierno tanto a nivel nacional como local. Por lo tanto, un acto como el de revalidar la promesa de defensa de la virginidad de María era un hecho necesario y obligatorio.

Pero, ¿es necesario y preceptivo que en la actualidad una corporación democrática haga lo que sus antecesoras en períodos absolutistas o dictatoriales y acuda a los eventos religiosos como institución? A título individual cada cual es libre--ahora sí--para tener sus propias creencias, ser ateo o agnóstico, pero un Ayuntamiento está elegido por los ciudadanos que no manifiestan en función de qué creencia, descreencia o duda eligen a sus gobernantes, por lo que ese organismo debe respeto a todo el pueblo no manifestándose por una u otra religión, sino, haciendo gala de que España es una nación donde "ninguna confesión tendrá carácter estatal”, tal y como establece la Constitución.

El laicismo es una de las grandes conquistas de la democracia, a través del cual se manifiesta la neutralidad del Estado y sus instituciones con respecto a las diferentes creencias religiosas de la comunidad. El laicismo no está contra la religión, por lo tanto el Estado laico tampoco; al contrario, es respetuoso con todas las creencias; pero en virtud de esa aconfesionalidad no se manifiesta a favor de ninguna de ellas; sino que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a tener y practicar su propia religión sin que nadie se lo estorbe, siempre y cuando su ejercicio no conculque la libertad de los demás ni las leyes que garantizan esa libertad y el resto de derechos humanos. En definitiva el Estado laico defiende la libertad de conciencia ajustada a las leyes emanadas democráticamente, a Derecho, pero no se inclina, protege ni favorece a ninguna creencia o grupo religioso en particular.

No habrá una sociedad verdaderamente democrática mientras no sea efectiva una separación entre las Iglesias y el Estado, respetándose mutuamente y colaborando en aquello que vaya en beneficio de la paz social y provecho de todos los ciudadanos; pero teniendo muy presente que la conciencia individual no tiene por qué confundirse con la esfera de lo público, que es lo que concierne a todos. En este ámbito la neutralidad debe ser absoluta.

Ángel Santos Vaquero es Doctor en Historia y miembro de la Asociación Alternativa Laica.