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En relación a la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Toledo al cardenal.

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Fecha: 
15 Diciembre 2006

Carta abierta al Ayuntamiento de Toledo (y a otros poderes públicos) como reflexión, pero también como censura a una conducta de los poderes públicos que de forma acrítica y no exenta de oportunismo, no dudan en buscar supuestos apoyos electorales en interesadas fotos con un sector de la jerarquía eclesiástica haciendo dejación de importantes principios de un estado de derecho.

En relación con la entrega de la medalla de oro de la ciudad al cardenal de Toledo

En la tarde del pasado jueves el cardenal de Toledo recibió la Medalla de Oro de la Ciudad y fue nombrado Hijo Adoptivo suyo. ¿Su "mérito”?: única y exclusivamente haber sido nombrado Cardenal de la Diócesis de Toledo, según el acuerdo de la reunión celebrada por la Junta de Gobierno Local el 22 de febrero de este año, ratificado por amplísima mayoría del Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 23 de octubre. La propuesta había contado con adhesiones solicitadas expresamente por nuestro alcalde, y habían provenido, sobre todo, de instituciones y personalidades de la Iglesia Católica, entre los que se cuentan varios obispos y el secretario de la Conferencia Episcopal. No figura en el expediente ninguna de ciudadanos de Toledo.

Al acto asistieron, entre otros, miembros de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y, cómo no, numerosos concejales de nuestra ciudad. Y por si ello no fuera bastante, el galardón se lo llevaron a su casa, ya que el solemnísimo acto no se celebró en el Ayuntamiento, entidad concedente, sino en el Salón de Concilios del Palacio Arzobispal. Nótese la carga de sumisión que tiene el detalle en cuestión.

La cosa tiene un gran calado, y no precisamente de carácter democrático. Nuestra Constitución, en su artículo 16.-3, proclama que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Por fin, en la historia de España se rompió el nefasto maridaje Iglesia-Estado, que vino perdurando durante tantísimos siglos, salvo en dos breves períodos de progreso: el sexenio democrático de 1.868 a 1.874 y la Segunda República.

Es evidente que el esperpento del jueves malamente, o imposiblemente, casa con el espíritu del precepto constitucional, a cuyo imperio estamos todos sometidos y, en primer lugar, nuestros poderes públicos. Por el contrario, más bien recuerda prácticas políticas de otros tiempos cuando en plena dictadura los preceptos legales vigentes proclamaban a la Religión Católica como la oficial del Estado.

Espectáculos tan reprobables como éstos serían imposibles de ver en países de nuestro entorno cultural, como Francia, estado laico por ley desde el año 1.905. Será porque fue inventor del estado moderno. Nosotros, los españoles, mientras tanto tenemos una buena ley, la Constitución; pero nos han fallado ahora quienes, por sus cargos, deberían ser sus primeros defensores y ejecutores. Sirva esta carta abierta como reflexión, pero también como censura a una conducta de los poderes públicos que de forma acrítica y no exenta de oportunismo, no dudan en buscar supuestos apoyos electorales en interesadas fotos con un sector de la jerarquía eclesiástica haciendo dejación de importantes principios de un estado de derecho.