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Demanda al Alcalde de Toledo

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Fecha: 
16 Julio 2009

Alternativa Laica presenta en rueda de prensa el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de CLM por la inadmisión por parte del Juzgado de Toledo de la demanda contra el juramento del dogma católico de la inmaculada concepción que realizó el Alcalde en nombre de todos los ciudadanos.


La Asociación considera que el hecho de que el Alcalde de Toledo, en su calidad de tal, acuda a jurar el dogma de la inmaculada concepción, haciéndolo expresamente en el nombre del Ayuntamiento y en el de todos los vecinos de Toledo, es un acto sometido al control jurisdiccional y, además, vulnerador de los artículos 14 y 16.3 de la Constitución Española.

Razones por las que Alternativa Laica ha demandado al Alcalde de Toledo por la renovación del juramento de defensa del dogma de la inmaculada concepción y ha apelado el Auto de 15 de junio de 2009, del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Toledo, que declara inadmisible la demanda sin entrar en el fondo del asunto.

1) Las instituciones no pueden tener creencias religiosas. Sólo así se garantizan el pluralismo y la convivencia democrática con arreglo a la Constitución.

2) El hecho de que un Alcalde, en representación del Ayuntamiento, jure, año tras año, defender un dogma religioso (o de que pronuncie en un acto público, en voz alta, las palabras en que consiste el juramento) constituye un incumplimiento grave de su deber de abstención, esto es, un déficit democrático: las autoridades públicas no tienen ningún poder de apreciación sobre la legitimidad de las creencias religiosas.

3) Resulta inquietante la franqueza con la que el Grupo Municipal Popular y los medios de derecha justifican el acto anual en la existencia de una supuesta mayoría de personas creyentes, y vergonzosa la manera en la que el Grupo Municipal Socialista busca refugio en la tradición.

4) Es deber de Alternativa Laica recordar, con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en la mano,

  • a los primeros: que la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión no son únicamente un bien preciado para los componentes de la mayoría sino también para los creyentes de otras confesiones, los ateos, los agnósticos, los escépticos y los indiferentes, cuyo derecho a la igualdad ante la Ley están menospreciando. Cierto es que la política democrática consiste en aceptar la decisión de la mayoría, y dado que ésta se caracteriza por aglutinarse en torno a ciertos postulados “mayoritarios” puede resultar muy complicado que los poderes públicos den el mismo trato a todas las ideas y creencias. De modo que resulta comprensible que algunos nieguen incluso que exista un deber de neutralidad ideológica. Pero esta discusión sólo puede tener lugar en relación con las convicciones políticas, morales, filosóficas o estéticas, y jamás respecto de las creencias religiosas, para las que sí existe una proclamación expresa en la Constitución del principio de neutralidad.
  • y a los segundos: que ante el indudable mayor valor de las libertades implicadas no puede concederse ningún valor a la tradición.
  • a ambos: que las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión son uno de los cimientos de una sociedad democrática.

5) Cuando iniciamos esta acción judicial, en el primer año de vida de nuestra asociación, ya sabíamos que nos enfrentaríamos a toda clase de dificultades:

  • De un lado, los retrasos: primero fue la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia judicial, y después la acumulación de demandas de protección del derecho fundamental de objeción de conciencia contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía (que instruye precisamente a los alumnos sobre el valor del pluralismo). Tampoco el Ayuntamiento anduvo ágil en la remisión del expediente administrativo.
  • Ahora nos enfrentamos a un Auto por el que se declara que nuestra demanda es inadmisible, dado que el juramento no constituye “un acto administrativo en sentido técnico”.

    Con el debido respeto hacia las todas resoluciones judiciales, hemos apelado este Auto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, poniendo de manifiesto que, a nuestro juicio, éste se basa en una argumentación irrazonable, que incurre en un error patente, y que no satisface el canon constitucional de motivación exigible a todos los autos y sentencias.

6) Nuestra actuación no va contra la confesión católica que ampara la creencia en el dogma, ni contra ninguna de las personas que, individualmente, la comparten. Nuestra actuación va en defensa de los derechos fundamentales de todos, incluidos los católicos; lo que se comprende muy bien si nos situamos en el supuesto de las sociedades democráticas donde esta confesión no resulta mayoritaria: en tales Estados, los fieles reclaman a sus poderes públicos la misma actitud de neutralidad e imparcialidad que nosotros reclamamos a nuestras instituciones.