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Beatificaciones. Alternativa Laica critica la presencia de representantes del Gobierno de la Nación y del de Castilla La Mancha

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Fecha: 
27 Octubre 2007

Carta abierta al Gobierno de la Nación y al de Castilla La Mancha. La presencia de ambos gobiernos en Roma en el acto de beatificación masiva es inoportuna e injustificada y, además, supone un agravio para la memoria de las otras victimas de la guerra civil y de la dictadura; mientras tanto, los obispos españoles establecen una distinción mezquina entre las victimas propias y las ajenas.

La presencia de ambos gobiernos en Roma en el acto de beatificación masiva es inoportuna e injustificada y, además, supone un agravio para la memoria de las otras victimas de la guerra civil y de la dictadura; mientras tanto, los obispos españoles establecen una mezquina distinción entre las victimas propias y las ajenas.

Nada habría que decir del derecho de la jerarquía católica a promover la memoria de sus llamados mártires y su beatificación en masa si no fuera porque este evento, aparentemente religioso, no es otra cosa que un acto político, partidario, en el que, una vez más, quienes dieron título de cruzada a una sublevación militar, bendijeron, como el obispo Gómara, la entrada de su evangelio por las brechas que abrían los cañones y dieron su apoyo a una dictadura que cercenó los derechos de todos los ciudadanos, se resisten aún hoy a pedir perdón y niegan a las victimas de la represión militar y golpista el justo reconocimiento que les debe la sociedad.

El fanatismo que caracteriza a la conferencia episcopal española y a la actual curia vaticana parece producirles una visión obtusa de la realidad, llevándoles a considerar la época de la Segunda Republica como la de mayor persecución religiosa en la historia, olvidando interesadamente la implacable persecución que la propia iglesia ha protagonizado contra infieles, herejes o rojos.

Alternativa Laica considera sorprendente en este contexto, la presencia del gobierno de la nación con una representación de alto rango institucional, encabezada por el Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en esta ceremonia de beatificación masiva argumentando una pretendida "normalidad institucional”, considerándola como un acto de naturaleza religiosa, cuando en realidad está concebida por sus organizadores con una clara intencionalidad política, militante y hasta electoral para contrarrestar la Ley llamada de la Memoria Histórica, largamente reprobada por los obispos españoles.

La pretensión del Gobierno de la Nación de eludir de forma vergonzante dicha intencionalidad en aras de un hipotético gesto con la jerarquía católica, no hace sino poner más en evidencia que, en su afán por limar las asperezas con la "militante” Iglesia española, su gesto agravia a muchos ciudadanos que todavía hoy no han visto restituidos sus derechos. A muchos de ellos les costará entender esta actitud en un gobierno progresista.

Si incomprensible es la asistencia del gobierno de la nación en este acto, más aún lo es la del Gobierno de Castilla- La Mancha representado por la Consejera de Justicia y Protección Ciudadana ya que su presencia en Roma es absolutamente gratuita y al margen siquiera de los usos y costumbres diplomáticos del Estado y guiada exclusivamente por una política de gestos hacia la sede primada de Toledo, a la que se trata de forma reverencial a pesar de representar las opiniones mas fundamentalistas de la Conferencia Episcopal.

La presencia de los gobiernos que nos representan a todos en este acto no es sólo inoportuna e injustificada, sino que ofende la memoria concreta de tantos y tantos ciudadanos, victimas de aquella guerra incivil y de su posterior dictadura.

Dicha presencia, por tanto, además de mezclar a las instituciones políticas y democráticas en actos de pretendida significación religiosa, supone para Alternativa Laica un grave error político y un alejamiento del compromiso de defender los comportamientos laicos del Estado, cediendo una vez más frente a aquellos que, a pesar de los gestos, "no pararán hasta conseguir sus últimos objetivos” y ello aun a costa de sacrificar planteamientos que por justicia histórica y social serían coherentes con un gobierno progresista.

Mientras los obispos españoles establecen con este acto una mezquina distinción entre las victimas propias y las ajenas, el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha, presididos por socialistas, deberían actuar de forma coherente y justa con la historia y con la memoria, negándose a participar en un acto de esta índole.