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Alternativa Laica valora en la Asamblea General de socios la situación actual, en la que la neutralidad del Estado se ve entorpecida por la permanente injerencia de la Iglesia en los asuntos de la sociedad civil.

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Fecha: 
30 Enero 2008

La permanente injerencia de la Iglesia en los asuntos civiles dificulta la debida neutralidad del Estado en materia religiosa y hace imprescindible el replanteamiento del modelo de relaciones Iglesia-Estado

En la actualidad, casi 30 años después de aprobada la Constitución, en la que se establece claramente que ninguna confesión tendrá carácter estatal, perduran prácticas confusas de las instituciones que vulneran el principio de neutralidad del Estado. Estamos asistiendo a un rebrote de los fundamentalismos a nivel mundial que en España se manifiesta especialmente en torno a las posturas de la jerarquía católica que supone, en el fondo, una marcha atrás sobre la posición de respeto y equilibrio que la iglesia asumió en la Transición y sobre la que ahora retrocede para hacerse más integrista. Esto es lo que indica la presión que ejerce sobre el Gobierno en torno a la legislación en materia de derechos sociales, de modelos de convivencia, los contenidos del sistema educativo, los avances biomédicos, la polémica con motivo de la ley de la memoria histórica y tantas otras.

El Gobierno y el partido que lo sustenta parecen haber intentado minimizar la confrontación con la beligerante iglesia católica por la vía de ceder cuotas de poder social consolidando

la legislación educativa sobre la enseñanza de la religión, asegurando la financiación de sus actividades a través de las declaraciones de la renta y eliminando o no incluyendo en los programas electorales aquellas cuestiones que pudieran molestar a la jerarquía.

No obstante estas concesiones, la iglesia recrudece sus posiciones y se inmiscuye en la vida política desde la impunidad de un poder no legítimo que pretende marcar el paso de quienes sí tienen la responsabilidad de hacer planteamientos políticos para la vida ciudadana. El máximo exponente de esta actividad política, que no pastoral, han sido las declaraciones de los obispos en la manifestación que convocaran el 30 de diciembre so pretexto de la defensa de la familia cristiana, haciéndose más evidente, si cabe, la gran presión de la iglesia católica sobre el Ejecutivo y sobre el Legislativo en materia de derechos sociales, unos ya consolidados y otros de reciente consecución, que su jerarquía no reconoce y que intenta invalidar para el resto de la sociedad. Pretenden con esta presión, legitimar sólo aquella legislación que tenga en cuenta la moral propia de la iglesia al margen de otras opiniones u otros valores. Pretenden que no se pueda gobernar sin ellos, ser los garantes de un orden social que corresponde a los ciudadanos y a sus legítimos representantes y tutelar las acciones del Gobierno interviniendo en los asuntos de la vida civil.

A pesar del precepto constitucional sobre el carácter no estatal de ninguna confesión, es el Estado quien financia a la iglesia católica, virtud a los acuerdos con el Vaticano. Además de los privilegios de la iglesia relativos a su ingente patrimonio, el reciente acuerdo sobre el IRPF consolida un modelo de financiación dependiente de los fondos públicos. Este acuerdo supone, por un lado, que la iglesia renuncia a la autofinanciación a que se comprometió con gobiernos anteriores y, por otro, que el Estado renuncia, a su vez, a la provisionalidad de aquellos acuerdos financiatorios convirtiéndolos en permanentes, además de aumentar sustancialmente su aportación económica.

Por otra parte, los poderes públicos ejecutan incorrectamente el precepto de colaborar con las confesiones religiosas, especialmente con la iglesia católica. No puede deducirse de esta obligación constitucional de colaboración una interpretación consistente en el mantenimiento de privilegios o la participación sistemática del poder civil en las ceremonias religiosas, y viceversa. Esta concepción errónea del dictado constitucional hace que perduren prácticas confusas de las instituciones que proyectan hacia la ciudadanía una imagen de simbiosis entre los representantes democráticos y la iglesia católica, que no renuncia al poder que en otros tiempos detentara.

Contribuye a complicar más aún el escenario la pervivencia de usos, costumbres y mal llamadas tradiciones en las que la supeditación del poder civil al religioso es tan patente como ilegal. Los incorrectamente llamados funerales de Estado, la bendición de la bandera o de edificios públicos inaugurables, la existencia de símbolos religiosos en ayuntamientos, juzgados, escuelas o dependencias de la universidad, la anacrónica permanencia de advocaciones religiosas en los estamentos profesionales y un largo etcétera sólo buscan la perdurabilidad del poder religioso sobre la soberanía de las instituciones civiles so pretexto de las "tradiciones”.

Son especialmente preocupantes las prácticas institucionales equívocas o ambiguas a nivel autonómico y local en tanto que el Gobierno Regional y el Ayuntamiento actúan con gran condescendencia para con los representantes de la iglesia que, con la excusa de las tradiciones populares, se manifiesta en actuaciones protocolarias en las que se somete el poder civil al religioso. Y paralelamente se opta por el silencio frente a los ataques que desde la sede primada, en sintonía con los sectores más conservadores de la Conferencia Episcopal, se dirigen contra el Gobierno y el Parlamento. Y todo ello por pretendidos réditos electorales.

Esta situación lleva a la Asociación Alternativa Laica a considerar que ha llegado el momento de avanzar hacia la consecución de un Estatuto de la Laicidad en España, que suponga, entre otras cosas, replantear las relaciones institucionales con la iglesia, la financiación de la misma, la eliminación del adoctrinamiento religioso en la escuela y la supresión de privilegios económicos y sociales a una confesión religiosa cuya deriva en la injerencia en los asuntos del Estado se ha convertido en una práctica cotidiana. Esto supone que, para la próxima legislatura, se denuncien por parte del Gobierno los acuerdos con el Vaticano, que por su carácter de tratados internacionales están condicionando el resto del ordenamiento jurídico e impidiendo la debida neutralidad del Estado en materia religiosa.