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Alternativa Laica denuncia la campaña que incita al incumplimiento de la ley en el sistema educativo en relación a la "Educación para la Ciudadanía"

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Fecha: 
11 Junio 2007

En los últimos tiempos, estamos asistiendo a una campaña de acoso contra el sistema educativo utilizando como pretexto la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, campaña que, aunque de ámbito nacional, cobra en Toledo una especial virulencia en lo que parece un intento de ser los primeros de la clase y la punta de lanza de la contienda.

En los últimos tiempos, estamos asistiendo a una campaña de acoso contra el sistema educativo utilizando como pretexto la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, campaña que, aunque de ámbito nacional, cobra en Toledo una especial virulencia en lo que parece un intento de ser los primeros de la clase y la punta de lanza de la contienda. Así, aparecen en la prensa noticias como la amenaza de un cura con no dar catequesis a quienes cursen la materia de EPC, se pone en marcha la recogida de objeciones de conciencia, se anuncia una querella contra el Delegado Provincial de Educación por el contenido de una nota interna y el cardenal anima a sus fieles a no cumplir esta ley indicándoles en una pastoral que con ello contribuyen al bien común. Todo esto, en un clima de crispación que se dirige a fabricar artificialmente un problema político y a generar alarma social utilizando el peso de las sotanas sobre las conciencias y con argumentos falsos.

En el decreto de enseñanzas mínimas podemos leer "la Educación para la ciudadanía tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e integras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable”. Y entre los contenidos que forman parte de esta materia podemos encontrar los siguientes: el desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria; la declaración universal de los derechos humanos; la conquista de los derechos de las mujeres; el Estado de derecho y su funcionamiento… Parecería que quienes califican de doctrinarios estos contenidos puedan tener problemas de conciencia respecto a ellos, tal vez, por su escasa identificación con los valores democráticos que inspiran nuestro ordenamiento constitucional.

La transmisión de valores no es patrimonio de unos pocos, menos aún de una moral religiosa, y no es sólo función de la familia, sino que todo Estado ha de formar a sus ciudadanos en unos principios comunes independientes de las creencias personales o familiares. Valores como la igualdad de género, la libertad ideológica, la participación democrática, el respeto a las diferencias de origen, de creencias, de orientación sexual o de cualquier otra índole…son valores compartidos por el conjunto de la sociedad actual y dignos de ser promovidos y enseñados en la escuela.

La LOE es una ley aprobada por amplia mayoría parlamentaria y, como todas, hay que cumplirla. No es posible en un sistema democrático elegir el cumplimiento de las leyes a la carta y en función de nuestras preferencias particulares. El sistema educativo, que también incluye los centros concertados, se ordena a partir de una legislación cuyos contenidos y materias los determina la Administración competente (el Ministerio de Educación y la Consejería correspondiente en la Comunidad Autónoma). La falacia según la cual un padre o una madre pueden ejercer la objeción de conciencia sobre una determinada materia por considerarla inapropiada según su particular código moral o de valores no es más que un eufemismo del llamamiento encubierto al incumplimiento de la ley.

En esta campaña, con características de auténtica rebelión, que están orquestando la jerarquía eclesiástica y sus asociaciones satélites, se utiliza de forma descarada a las familias con el único objetivo de intentar mantener una privilegiada influencia en los contenidos del sistema educativo, como si la enseñanza fuera un coto privado en el que la iglesia pretende perpetuar sus particulares concepciones de moral única ajena a los cambios sociales.

El ordenamiento jurídico español reserva la objeción de conciencia para aquellos casos en los que la propia ley lo recoja explícitamente. La LOE no establece supuesto alguno en éste sentido y, por tanto, los currículos de todas las materias tienen que impartirse en su totalidad. Sencillamente, en este caso, la objeción de conciencia no es posible. Y curiosamente, la patronal de los centros concertados (es decir, aquellos centros privados, la mayoría religiosos, sostenidos con fondos públicos) no reivindica ejercer como tales objeción de conciencia alguna por miedo a perder las cuantiosas aportaciones económicas del Estado y el propio concierto, sino que deja esta responsabilidad a los padres en un verdadero ejercicio de fariseísmo poniendo de manifiesto una vez más, que una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo.

Desde la Asociación Alternativa Laica, queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad de los padres para hacer frente a aquellas actitudes que, desde una campaña intolerante, sólo pretenden crear crispación social y defender intereses ajenos a la educación de sus hijos.

Por último, cabría reflexionar sobre el papel de esta Administración que, tras asumir numerosos planteamientos de la jerarquía eclesiástica y de los sectores educativos vinculados a ella durante la tramitación de la ley y los decretos de desarrollo, se muestra incapaz de hacer frente con un mínimo de contundencia a los argumentos equívocos de quienes de forma insaciable no pararán hasta "conseguir sus últimos objetivos”. Sería deseable una respuesta política adecuada en lugar de la habitual tolerancia y beneplácito frente a aquellos que desde los púlpitos hacen apología contra el parlamento y el gobierno legítimos llamando a la desobediencia civil. Y, por supuesto, la respuesta jurídica o judicial necesaria para la defensa de la ley y de la propia administración que la ha impulsado.